A tres años de la sanción de la Ley 27.610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) un informe del Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES) analiza los datos desde su aprobación hasta el mes de octubre de 2023.
El 30 de diciembre de 2020, el Senado de la Nación con 38 votos positivos, 29 negativos y 1 abstención, aprobó la Ley 27.610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), un camino legislativo que tomó fuerza con el tiempo y la movilización social, teniendo su primer intento en el año 2018 en donde no logró conseguir los votos suficientes en la Cámara Alta para ser aprobada, resultando con 38 votos en contra, 31 a favor, 2 abstenciones y una ausencia.
La sanción de la ley legalizó el aborto y la correspondiente atención postaborto a las personas gestantes. La IVE vino acompañada por la Ley Nacional de Atención y Cuidado de la Salud durante el embarazo y la atención de la primera infancia en la Ley 27.611. En este sentido, ambas leyes comparten las mismas fuentes internacionales vigentes y operativas que se encuentran en el texto de la Constitución Nacional.
El Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES), junto a Ibis Reproductive Health, elaboró un informe denominado “Es mucho más que un aborto”, donde analizan los avances desde la sanción de la ley, en el marco del proyecto mirar, destancando que desde la aprobación de la IVE hasta octubre de 2023, se registraron un total de 245.015 personas que accedieron a interrupciones seguras y legales en instituciones públicas de salud. Además, entre 2020 y 2021, los fallecimientos maternos disminuyeron de 23 a 13, mientras que la tasa de fecundidad en niñas de 10 a 14 años decreció un 43% entre 2018 y 2021.
“El aborto transformó la vida política, social y sanitaria de Argentina” expresan desde CEDES y afirman que “es mucho más que un aborto porque también es una sociedad involucrada que tejio alianzas para que niñas, adolescentes, mujeres y otras personas gestantes puedan tomar decisiones sobre su salud sexual y (no) reproductiva y sus proyectos de vida”.
Siguiendo los estándares internacionales y las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), entre 2021 y el primer semestre de 2023 se distribuyeron 240.549 insumos para la interrupción del embarazo, y 42.500 donaciones que fueron gestionadas por las autoridades de la salud, reflejando el alcance de una política nacional y provincial. A su vez, desde CEDES reconocen las desigualdades territoriales que aún persisten en el acceso a este derecho: según el informe hay de 3 a 4 servicios disponibles cada 100 mil mujeres en Chaco, Santiago del Estero y Tucumán, mientras que en La Pampa hay 34 servicios cada 100 mil mujeres.
En el informe, aseguran que a tres años de su legalización “el aborto es una prestación más dentro de salud que aspira a garantizar el acceso universal a prácticas seguras en todas las provincias y en los tres subsectores de salud: público, privado y obras sociales”, y continúan señalando que “1982 instituciones públicas dan acceso en todo el país, lo que duplica la cantidad de servicios públicos de IVE-ILE desde 2020”.
Tras la publicación del Decreto 70/2023 y el proyecto de la Ley Ómnibus de parte del gobierno nacional, donde se presenta la noción de “niño desde la concepción” y las modificaciones de la Ley de 1000 Días, desde el CEDES aseguran que se “reedita un problema de salud pública que progresivamente estábamos sacando del debate, como la mortalidad materna, particularmente por abortos inseguros, que era un grave problema de salud pública”, y que la Ley de 1000 Días “se toma como referencia y hoy está siendo interpretada desde otros lugares”.
El proyecto mirar, es la iniciativa de CEDES junto a Ibis Reproductive Health que se propone monitorear la implementación de la política de aborto en Argentina en el tiempo y en las distintas jurisdicciones. La fuente de información representa una de sus líneas estratégicas, y genera un relevamiento de indicadores específicos, medibles y factibles que buscan visibilizar el acceso y la calidad de la atención del aborto para poder identificar cuales son las barreras de acceso pleno a la prestación sanitaria, analizando el derecho a la salud teniendo en cuenta las dimensiones de disponibilidad, accesibilidad, calidad y aceptabilidad.
