La manera en que construimos respuestas a nuestras problemáticas habla de nuestro “aspiracional” de sociedad. Aquello que queremos “ser” o “parecer”, entra en tensión cuando los debates no se saldan. Es el caso de nuestro vínculo con las adolescencias y jóvenes en conflicto con la ley penal y en relación a la baja o no de la edad de imputabilidad.
La presente nota intenta aportar al sistema de ideas que habilite un debate serio y comprometido con la problemática.
Escapar al mezquino pensamiento binario, BAJA SÍ – BAJA NO, en principio abona con algo de responsabilidad sobre un tema complejo que suele ser abordado en sets de televisión con la frivolidad y la descontextualización que caracterizan estos ámbitos.
Como sociedad nos merecemos (o mejor dicho, nuestros casi 14 millones de pibes y pibas lo merecen) decisiones que traigan a la mesa el análisis integral incorporando la dimensión socioeducativa, los datos y porcentajes reales de jóvenes, menores de 16 años, con comisión de delitos graves, los datos de pobreza e indigencia en la población infanto juvenil, las políticas públicas destinadas a la prevención del delito, los estudios y mediciones de expertos/as y los estándares internacionales.
La mayoría de las veces, en los medios de comunicación se reavivan y magnifican discursos sobre bajar la edad de imputabilidad como “soluciones castigo”. Suelen ser slogans de algunos espacios o dirigentes políticos como respuestas a hechos de inseguridad. Y llamativamente, en línea temporal, son discursos cercanos a procesos electorales. Sin embargo, existen experiencias internacionales que han demostrado que disminuir la edad de imputabilidad no ha sido una medida efectiva en el combate a la inseguridad. Dinamarca, por ejemplo, en el año 2010 bajó la edad de 15 a 14 años. Por los resultados, en el 2012 decidió subirla a los 15 años. En Georgia, también, la edad fue bajada a 12 años y luego, en 2010, elevada a 14 nuevamente.
En Argentina, el límite para la imputabilidad por un delito es de 16 años. Según el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), organizaciones de derechos de la infancia y adolescencia, universidades públicas, expertos/as en la materia y la Defensoría Nacional de Derechos de la Infancia y Adolescencia; nuestra ley de Justicia Penal Juvenil o régimen penal juvenil, requiere fortalecer un sistema de justicia especializado con un enfoque centrado en la prevención del conflicto con la ley penal antes que la represión/castigo, y una estrategia orientada a la reinserción social que ofrezca a los y las adolescentes oportunidades educativas, de formación laboral y recreativas, para facilitar su inclusión en un proyecto de vida alejado del delito. Los estándares internacionales para la justicia juvenil unánimemente consagran como objetivo principal la resocialización de las y los jóvenes y la no profundización de sus condiciones de vulnerabilidad.
El estudio de Unicef asegura que la privación de la libertad para los y las adolescentes es una medida ineficaz y que la mayoría llega a estas situaciones porque tienen sus derechos básicos vulnerados: no tuvieron la posibilidad de estudiar, no tienen vivienda y/o no acceden al sistema de la salud. En esta línea, el Centro de Estudios Latinoamericanos sobre Inseguridad y Violencia (CELIV) de la Universidad de Tres de Febrero, relevó que no solo los estudios en general indican que no hay un efecto de ganancia neta en reducción del delito por bajar la edad de imputabilidad, sino que además la baja no reemplaza el sistema de salud, ni el educativo, ni el sistema de justicia, ni los derechos vulnerados. Lo que hay que fortalecer son las políticas públicas de promoción y protección. Son las herramientas más efectivas de prevención y de igualdad social.
Los datos reales de comisión de delitos graves por parte de menores de edad muestran que el porcentaje en el total de hechos de inseguridad, es muy menor. Por más que haya esfuerzos para forzar las opiniones públicas en favor del castigo y la baja de edad. Con lo cual, el problema no serían ni las adolescencias ni sus franjas etarias sino la situación de desigualdad en que viven. Al respecto, la defensora Marisa Graham, en diálogo con Página 12 expuso que “la Argentina ha ratificado las normas internacionales: la ONU dice con claridad que bajar la edad de imputabilidad es regresivo y los derechos humanos no son regresivos, deben ser progresivos. Por lo tanto, no se puede. Pero tampoco serviría. En la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, hubo solo dos homicidios realizados por menores en los últimos cinco años. Centralmente, la idea que se le quiere transmitir a un sector de la sociedad que reclama seguridad, con razón, porque nadie quiere morir asaltado ni tampoco le gusta que lo roben, ni pasar por un momento violento, es que aumentando las penas y bajando la edad de imputabilidad se reduce la criminalidad. Y eso es falso”.
En la misma línea, en su informe “Hay alternativas”, Unicef también fortalece esta idea de que las adolescencias no son el problema real de la inseguridad. Los datos existentes, aunque no son de alcance nacional, muestran que la mayoría de los conflictos con la ley por parte de adolescentes son por delitos contra la propiedad y que su incidencia es muy baja en el total de los cometidos contra las personas. Además, no indican con certeza un aumento progresivo de su participación en la comisión de delitos, menos aún en niños, niñas y adolescentes menores de 16 años. Según datos del Ministerio Público de la Provincia de Buenos Aires, en 2016 menos del 4% de los delitos investigados por fiscalía involucraron a adolescentes menores de 18 años (3,44%). Este porcentaje se mantiene estable desde 2009.
La deuda tanto con la problemática de la inseguridad, como con la mejora en la calidad de vida y felicidad de nuestros pibes y pibas sigue abierta. Zanjarla necesitará no solo voluntad de análisis y debates sino instrumentos de política y distribución de recursos para fortalecer tanto el sistema penal juvenil como también el sistema de promoción y protección de derechos; que aspire a igualar. Una sociedad que responde solo con castigo a todas sus problemáticas, está condenada a la desesperanza.
