El Congreso argentino volvió a plantarse frente al Ejecutivo. Con una mayoría contundente en ambas cámaras, el Senado rechazó los vetos de Javier Milei a la Ley de Financiamiento Universitario y a la Ley de Emergencia Pediátrica, dos normas que habían sido sancionadas en agosto y que el presidente decidió vetar bajo el argumento de que implicaban “un gasto desmedido e irresponsable”.
La decisión legislativa obliga al Poder Ejecutivo a promulgar ambas leyes, pero el clima no es de celebración plena sino de expectativa e incertidumbre: ¿serán efectivamente implementadas o correrán la misma suerte que la Ley de Emergencia en Discapacidad, cuya aplicación fue suspendida pese a la ratificación parlamentaria?
El Senado alcanzó 58 votos a favor, 7 en contra y 4 abstenciones para revertir el veto presidencial a la ley universitaria. El antecedente directo fue la votación en Diputados, donde la oposición logró 174 votos a favor y organizó, en paralelo, una marcha federal en defensa de la educación y la salud pública.
La nueva norma busca recomponer salarios docentes y no docentes, congelados en términos reales desde diciembre de 2023, y garantizar la actualización de las partidas para gastos de funcionamiento, becas estudiantiles, hospitales universitarios, ciencia y extensión.
Además, establece un horizonte más ambicioso: llevar la inversión en educación superior hasta el 1,5% del PBI en 2031 y crear un fondo específico para carreras estratégicas vinculadas a la inteligencia artificial y al desarrollo tecnológico del país.
Franco Bartolacci, vicepresidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), fue categórico:
“Si el Presidente no promulga la ley, y volvemos a repetir lo sucedido con la emergencia en discapacidad, tendremos que evaluar acciones institucionales. Pero contar con esta ratificación es un paso enorme: nos da un marco legal, un reconocimiento simbólico y, sobre todo, un piso distinto para discutir el presupuesto 2026 en adelante”.
El Garrahan y la emergencia pediátrica
La otra gran pulseada tuvo como protagonista al Hospital Garrahan, donde trabajadores y trabajadoras realizaron un paro de más de 24 horas en paralelo a la sesión parlamentaria.
La Ley de Emergencia Sanitaria de la Salud Pediátrica y de las Residencias Nacionales en Salud, ahora ratificada, tendrá vigencia por dos años y prevé la asignación prioritaria de recursos para insumos críticos, medicamentos, vacunas, infraestructura hospitalaria y recomposición salarial del personal y de los residentes.
Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, equiparar los salarios al nivel de noviembre de 2023 implicaría un gasto anual de 133 mil millones de pesos. Para el oficialismo, esa cifra amenaza el equilibrio fiscal; para médicos, residentes y gremios de la salud, se trata de la única manera de sostener el sistema pediátrico público.
Los argumentos del Gobierno
El 10 de septiembre, Milei vetó ambas leyes con los Decretos 647 y 651/2025. En ambos textos repitió la misma idea: que se trata de medidas “nobles en apariencia”, pero imposibles de sostener sin romper el “equilibrio fiscal alcanzado con gran sacrificio por la sociedad”.
La postura libertaria insiste en que cada peso destinado a educación o salud sin respaldo de nuevas fuentes de financiamiento “mina la estabilidad macroeconómica” y, en consecuencia, perjudica a los mismos sectores que se busca proteger.
La incógnita principal es si el Ejecutivo publicará y aplicará efectivamente estas normas. El antecedente inmediato no es alentador: la Ley de Emergencia en Discapacidad, también ratificada por el Congreso, fue promulgada pero suspendida en su aplicación.
Los gremios universitarios y de la salud ya pusieron el foco en este punto. Jorge Anró, de la FATUN, celebró lo votado pero advirtió:
“El paso siguiente es que la ley se cumpla. No alcanza con el gesto parlamentario, necesitamos que los salarios se recompongan y que las universidades vuelvan a funcionar con dignidad”.
Lo mismo remarcó la UBA en un comunicado: “Esta norma representa el anhelo de millones de argentinos y argentinas: defender la educación pública, la salud y la investigación científica como valores innegociables. Ahora el Gobierno debe promulgarla sin demoras y garantizar su aplicación efectiva”.
Un piso distinto para el futuro
Más allá de la incertidumbre, la ratificación parlamentaria dejó en claro la centralidad que educación y salud tienen en la agenda social argentina. Las movilizaciones de docentes, estudiantes, científicos, médicos y residentes marcaron un punto de inflexión.
El Congreso blindó dos leyes que apuntan a recomponer lo perdido en los últimos años de ajuste. Ahora, la pregunta clave es si el Poder Ejecutivo respetará esa decisión y pondrá los recursos en juego.