El país volvió a marcar un rumbo en materia de derechos y libertades. Este miércoles, tras más de diez horas de debate, el Senado uruguayo aprobó la Ley de Muerte Digna, convirtiendo a Uruguay en el primer país de Sudamérica en hacerlo.
Con una amplia mayoría, los senadores del Frente Amplio acompañaron la iniciativa junto a legisladores del Partido Colorado y del Partido Nacional. El proyecto reconoce el derecho de toda persona mayor de edad, psíquicamente apta y en etapa terminal de una enfermedad incurable o con sufrimientos insoportables, a “transcurrir dignamente el proceso de morir”.
La norma, largamente debatida durante años, fue celebrada como un acto de humanidad y libertad. Entre las voces que acompañaron con esperanza la sesión estuvo Beatriz Gelós, de 71 años, paciente de Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), quien se convirtió en un símbolo de la lucha por la eutanasia. “Me daría una paz impresionante que se apruebe. Es una ley de compasión, muy humana, muy bien redactada”, había dicho antes de la votación.
Gelós convive desde hace dos décadas con una enfermedad neurodegenerativa que paraliza progresivamente los músculos. Desde su silla de ruedas y con voz entrecortada, fue clara: “Los que se oponen no tienen idea de lo que es vivir así”.
También la familia de Pablo Cánepa, de 39 años, que padece una enfermedad rara e incurable, expresó alivio: “Pablo no está viviendo. No es vida esto que tiene”, dijo su madre Mónica.
Un país laico y pionero
Con esta ley, Uruguay vuelve a confirmar su tradición de país laico, progresista y pionero en la región. Suma la eutanasia a una serie de conquistas históricas como la regulación del cannabis, el matrimonio igualitario y la interrupción voluntaria del embarazo.
La base legal de la nueva normativa se apoya en la Constitución uruguaya y en tratados internacionales de derechos humanos, además de leyes nacionales sobre derechos de pacientes y voluntades anticipadas.
“El texto votado es sólido y ofrece seguridad jurídica”, destacó el senador oficialista Daniel Borbonet, mientras que desde sectores conservadores, como el de Pedro Bordaberry, se escucharon críticas al considerar que la norma “fomenta la muerte asistida”.
Según una encuesta de la consultora Cifra, más del 60% de la población uruguaya está a favor de la legalización de la eutanasia. El debate parlamentario transcurrió con respeto y momentos de profunda emoción, aunque al cierre de la votación se registraron protestas aisladas desde las gradas.
El Colegio Médico del Uruguay acompañó el proceso con asesoramiento técnico “para garantizar los derechos tanto de los pacientes como de los profesionales de la salud”, mientras que la Iglesia Católica expresó “tristeza” por la decisión y varias organizaciones conservadoras cuestionaron la redacción de la norma.
Una conquista del derecho a elegir
Con la aprobación de la Ley de Muerte Digna, Uruguay se une a un reducido grupo de países como España, Países Bajos y Canadá, donde la eutanasia está legalmente reconocida. En América Latina, solo Colombia y Ecuador habían despenalizado el procedimiento mediante fallos judiciales, pero Uruguay es el primero en hacerlo por ley.
Para muchas familias y activistas, la aprobación representa una victoria ética y civilizatoria. “Llegó el momento”, dijo Beatriz Gelós. “No pido morir. Pido poder decidir cuándo dejar de sufrir.”