La Comisión de Derechos Humanos analizará la incorporación de la figura del antisemitismo como causal en la Ley N° 25.592.
La Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados comenzará a debatir acerca de los proyectos de ley que tienen como propuesta incorporar el antisemitismo como uno de los causales en la ley antidiscriminatoria. Así mismo, impulsarán el aumento de las penas por manifestaciones y actitudes negacionistas sobre el genocidio y los crímenes de lesa humanidad.
En este sentido, la diputada Mónica Litza presentó una iniciativa para crear un Observatorio para la Convivencia Democrática que apunta a incluir entre sus funciones la de diseñar acciones académicas que puedan concientizar e informar sobre los discursos de odio y violencia, profundizando las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en el sistema político con mayor énfasis en lo que respecta al negacionismo. Además, también propuso organizar actividades de formación y difusión de conocimiento.
La comisión presidida por Hugo Yasky buscará consensuar criterios en base a las iniciativas de Marina Stilman -de la Coalición Cívica-, y de Estela Hernández, Gisela Marziotta, Carolina Moisés y Eduardo Fernández, pertenecientes al bloque oficialista.
La creación de este Observatorio, buscará fortalecer el diálogo político, para que este prevalezca de manera positiva por sobre los discursos de intolerancia hacia la otra persona, por razones ideológicas o de opinión. A su vez, se proyecta que estará integrado por el secretario de Derechos Humanos de la Nación, diputados y senadores nacionales de la Comisión de Derechos Humanos y Garantías, y el miembro representante del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).
Entre las cuestiones principales a los que se abocan los sucesivos debates, está la iniciativa de incluir la figura del antisemitismo a la Ley N° 25.592 -sancionada en 1988-, la misma, impone medidas para aquellas personas que arbitrariamente impidan el pleno ejercicio de los derechos y garantías reconocidos en la Constitución Nacional.
Además, preven la modificación del artículo 213 del Código Penal, a fines de que deje establecido que “será reprimido con prisión de un mes a un año, el que hiciere públicamente y por cualquier medio la apología de un delito o de un condenado por delito”. En cuanto a los funcionarios o funcionarias públicas, proponen crear un tipo penal agravado que disponga “sanciones como la destitución de su cargo e inhabilitación especial para ocupar cargos públicos por el doble de tiempo de la condena”, y quien ejerza cargos “deberá acreditar capacitación en materia de derechos humanos previo a una nueva y futura designación, una vez cumplida la pena de inhabilitación”.
También se considera poder tratar la modificación de la Ley N° 25.164 para la regulación del Empleo Público Nacional, y que de este marco normativo surja la prohibición de acciones discriminatorias por razón de raza, religión, nacionalidad, opinión, sexo, y/o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.
De la misma forma, impulsa la prohibición de reivindicar, justificar, negar, relativizar los delitos cometidos por hechos de genocidios, crímenes de lesa humanidad, y actos de terrorismo de Estado, haciendo foco en exponer manifestaciones que elogien, celebren, minimicen, justifiquen o apruebes a los autores responsables de estos delitos.
