Luego de muchos años de lucha y movilización colectiva por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, la interrupción voluntaria del embarazo fue sancionada como ley en diciembre de 2020. A pesar de ello, distintos grupos reaccionarios a esta ley continúan pronunciándose en contra por medio de diferentes estrategias.
En este marco aparece la línea “0800 Vida” implementada por medio de un convenio entre el Consejo Social y el Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires. La misma será difundida en hospitales públicos y atendida por una red de organizaciones religiosas y confesionales opositoras al derecho al aborto.
Hoy (27 de abril) por la tarde se convoca a un pañuelazo en la Legislatura porteña en pedido de que se deje sin efecto este acuerdo. La iniciativa parte de organizaciones que militan por el derecho al aborto y su efectiva implementación realizando un acto simbólico como fue el de la marea verde durante los años previos a la legalización. El horario de encuentro es a partir de las 17 horas en Perú 160. El objetivo es hacer entrega de un petitorio a legisladores/as que se encuentren presentes. El mismo expresa: “Denunciamos enfáticamente el acuerdo firmado entre el Consejo Social de la Ciudad de Buenos Aires, presidido por Cynthia Hotton, y el Ministerio de Salud de la Ciudad con organizaciones religiosas y confesionales, explícitamente militantes opositoras al derecho al aborto que ya es ley desde el 2020”.
Cynthia Hotton es una figura política y ex diputada argentina. Fundó el partido conservador Valores Para mi País y en 2019 fue candidata a vicepresidente por el frente NOS en fórmula con Juan José Gómez Centurión. Se posicionó de manera activa en contra del matrimonio entre personas del mismo sexo y la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo.
¿En qué consiste el 0800 Vida?
El acuerdo se plantea como un acompañamiento a mujeres y disidencias embarazadas que desean seguir con la gestación. Sin embargo, Elsa Schvartzman, una de las principales impulsoras de la IVE, explica en diálogo con Télam los puntos por los cuales esta premisa es sumamente cuestionable.
Elsa sostiene que el convenio implica privatizar políticas públicas, es decir, ponerlas a cargo de organizaciones que son conveniadas sin una convocatoria pública previa, transparente y abierta, pero que además esta en particular tiene una característica muy importante y es que tuvieron una militancia activa en contra de la implementación de la IVE. De esta manera señala la contradicción estructural de que estos grupos hagan un acompañamiento a personas gestantes.
También expresó: “Por otro lado, siempre ha sido responsabilidad del Estado garantizar derechos consagrados en las leyes con políticas públicas y reforzarlas si fuera necesario, mientras que la sociedad civil le toca el control de la implementación y por eso desde la campaña estamos abocadas junto a muchas organiza al monitoreo de la aplicación de la ley IVE y a lograr una mayor accesibilidad”.
En relación a lo mencionado, resulta pertinente destacar que este 0800 se enmarca en la Ley nacional 27.611 de “Atención y Cuidado Integral de la Salud durante el Embarazo y la Primera Infancia” también conocida como la ley de los 1000 días. Su objetivo es cuidar y acompañar la vida y la salud de las personas gestantes asegurando el acceso a un sistema integral de cuidado, a través de políticas de ingreso, identidad, salud, desarrollo social, educación, protección, género, cultura.
El argumento principal entonces es la peligrosidad de que organizaciones religiosas y confesionales se hagan cargo de esta línea de una manera completamente sesgada y sin hacer las derivaciones pertinentes por ejemplo en caso de que personas que se contacten contemplaran la posibilidad de abortar.
Hoy el reclamo busca reforzar la implementación efectiva de la interrupción voluntaria del embarazo y denunciar la injerencia eclesiástica en las políticas públicas. Estos pedidos se enmarcan dentro del amplio debate que se viene dando en nuestro país desde los feminismos que luchan por la soberanía de los cuerpos gestantes contra los sectores que se aferran a sus privilegios y aún se encuentran arraigados al poder. En un año electoral más que nunca resulta fundamental tener presente estas disputas que cuentan con una profunda carga política y que invitan a la ciudadanía a estar en atención de sus derechos.
