Para el día de hoy, la Cámara de Diputados dispuso una sesión especial para tratar la reforma de la Ley de Alquileres.
Hoy, miércoles 23 de agosto, la Cámara de Diputados sesionará de manera especial a los fines de considerar aquellos “proyectos y dictámenes con estado parlamentario referidos a la Ley de Alquileres”. Entre el oficialismo y la oposición hay posturas bastante marcadas, donde de un lado proponen mantener las condiciones actuales, y del otro, intentarán establecer dos modificaciones con respecto al tiempo y la negociación.
La Ley de Alquileres se sancionó en junio de 2020, y el plazo mínimo de contrato pasó de 2 a 3 años. En el caso de haber acuerdo entre el locador y la persona inquilina, se puede extender el plazo. En la misma normativa se estableció que las actualizaciones del alquiler se realizaran cada 12 meses, y no de forma trimestral o semestral como lo era hasta entonces.
Actualmente, el Índice para Contratos de Locación (ICL), es el medio para calcular el aumento de los alquileres. Está conformado por las variaciones mensuales del Índice de Precios al Consumidor (IPC) medido por el INDEC, y la remuneración imponible promedio de los trabajadores estables (RIPTE), o sea los salarios formales, medidos por el Banco Central.
También la ley estableció modificaciones en las condiciones de la garantía, para que el locatario pueda contar con al menos dos alternativas, entre el título de propiedad inmueble, seguro de caución, aval bancario, fiador solidario, garantía de fianza o garantía personal del locatario; esto último, a través del recibo de sueldo o certificado de ingresos. En cuanto al depósito, debe equivaler a un mes de alquiler y debe ser reintegrado al valor del último mes de contrato, en el momento en el que se devuelve la propiedad. El locador puede utilizar ese depósito si quedaron deudas impagas por parte del inquilino o si la vivienda sufrió daños.
Desde el oficialismo intentan mantener los tres años y el aumento basado en el Índice de Precios al Consumidor (IPC), mientras que, la oposición plantea derogar la ley, o en su defecto, reducir los contratos a dos años y ajustar cada tres o seis meses a convenir de las partes intervinientes.
Organizaciones como Inquilinos Agrupados proponen movilizarse hacia el Congreso de la Nación para reclamar contra la propuesta de modificación de la ley, y que se mantenga la vigente normativa. A través de su cuenta de Twitter, llamaron a “frenar la flexibilización de los alquileres de vivienda”, destacando a esta, como un derecho ineludible.
Por parte del bloque oficialista, en uno de los dictámenes, sostuvieron el grueso de la ley sancionada en 2020, añadiendo una serie de incentivos fiscales. Uno de ellos, habla sobre que los monotributistas propietarios no deban pasar al régimen impositivo general si tienen alguna propiedad en alquiler, y que a su vez, no tengan que pagar bienes personales si las unidades están destinadas a alquiler con un tope de 30 millones de pesos.
También, se propone un sistema de incentivos para la construcción de viviendas que se destinen al alquiler, ampliar las ofertas de seguro de caución, bancarización obligatoria y el registro de los martilleros de los inmuebles ante la AFIP.
