Uno de los artículos de la Ley Bases que propone el Gobierno nacional está relacionado con el incentivo a las inversiones extranjeras para el desarrollo en diversos sectores de la economía. ¿En qué consiste?, ¿cuáles son sus consecuencias?, ¿qué están haciendo otros países con la política industrial?
El Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI), es uno de los aspectos que más resalta en las discusiones en torno al proyecto de Ley Bases que se está debatiendo en la Cámara de Senadores. El proyecto cuenta con media sanción en Diputados, y el capítulo específico del RIGI propone un marco legal de incentivos impositivos, aduaneros y cambiarios para la llegada de inversiones extranjeras superiores a los 200 millones de dólares.
Entre los beneficios impositivos se encuentran aquellos referidos al Impuesto a las Ganancias con la Alícuota reducida del 25% para los Vehículos Titulares de una Único Proyecto (VPU), la amortización acelerada de bienes muebles e infraestructura y la transferencia de quebrantos impositivos no absorbidos durante los primeros cinco años. En relación al Impuesto al Valor Agregado (IVA), hablan de una devolución de saldos a favor en un plazo no mayor a tres meses, y también, el pago del IVA a través de Certificados de Crédito Fiscal transferibles a terceros. Además, propone computar el 100% del impuesto sobre débitos y créditos bancarios como crédito en el Impuesto a las Ganancias.
Entre los beneficios aduaneros se encuentra la exención de derechos de importación para bienes de capital, repuestos, partes e insumos. También, la exención de derechos de exportación durante los primeros tres años para proyectos adheridos al RIGI.
En cuanto a los beneficios cambiarios, se destaca la libre disponibilidad para exportaciones con crecimientos graduales año tras año, y la disposición de divisas para el financiamiento local o externo sin ningún tipo de restricciones.
El Gobierno nacional plantea la llegada de inversiones extranjeras a cambio de exenciones impositivas en beneficio de los intereses foráneos sin contemplar el interés nacional donde, una vez más, las divisas generadas a partir de la explotación de los bienes naturales comunes no se ajustan ni a los patrones de sustentabilidad del ambiente ni a generar un marco regulador que pueda aparentar una mejora en la calidad de vida de la población. Esta cuestión se ve con claridad al observar que en el proyecto no hay exigencia alguna que pese sobre las corporaciones extranjeras en cuanto al pago de impuestos que sí deben pagar los sectores de la industria nacional. En el mismo orden, el Estado argentino no obliga a quienes proveerán de estos capitales que adquieran al menos insumos fabricados en nuestro país o distribuidos por proveedores locales.
La irrupción de China y los satélites asiáticos como potencias industriales, la interrupción en la cadena de suministros a causa de la pandemia, y el conflicto geopolítico devenido de la guerra entre Rusia y Ucrania, han generado grandes desafíos de la política industrial a nivel global.
Ante esto, mientras que en Argentina se discute el RIGI integrado a la Ley Bases, muchos países optaron por promover el desarrollo nacional con un determinante camino de reindustrialización de cadenas de valor o a través de fortalecimiento de las ya existentes.
Un ejemplo claro está en Estados Unidos donde la política industrial ganó un lugar considerable dentro de las políticas de Estado tanto durante el gobierno de Donald Trump como en el gobierno de Joe Biden, implementando medidas como las leyes “CHIPS Act”, “Bipartisan Infrastructure Law” y “Inflation Reduction Act”, para poder robustecer su capacidad industrial estadounidense incluyendo incentivos fiscales a cambio de que las empresas se radiquen en su territorio, y alcanzan tecnologías que van desde el hidrógeno, y se extienden hacia la manufactura de baterías, la energía nuclear y la electromovilidad.
La Unión Europea, por su parte, lanzó la política industrial con el Pacto Verde para mantener la capacidad industrial en Europa y preservar empleos manufactureros. Esta política alcanza a las tecnologías renovables, el hidrógeno, la manufactura de baterías y la electromovilidad.
En Brasil, se están realizando inversiones públicas masivas para impulsar firmemente su política industrial. El país gobernado por Lula, a través del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social de Brasil otorgará créditos subsidiados por 271 mil millones de reales, aportes no reembolsables por 21 mil millones y realizará inversiones de capital por 8 mil millones.
El RIGI consiste en un programa que se prolonga por un período de 30 años, con los beneficios expuestos para atraer inversiones extranjeras en los sectores minero, petrolero, gasífero y agropecuario. La singularidad del Régimen es que no cuenta con ninguna condición a cambio que pueda ser beneficiosa para la economía nacional y el desarrollo productivo local.
