La Ley N° 27.610 de Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) fue sancionada el 30 de diciembre de 2020. Esta normativa y su cumplimiento fue un avance importante en materia de derechos conquistados, sin embargo, algunas personalidades de diferentes sectores políticos niegan su trascendencia y la importancia que tiene para el común de la sociedad. Además, aseguran que en el caso de gobernar, eliminarán el Programa de Educación Sexual de las escuelas argentinas.
El 30 de diciembre de 2020, grupos de mujeres, diversidades, colectivos por los derechos humanos, colectivos feministas y gran parte de la sociedad, festejaron la conquista de un nuevo derecho. La Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo fue sancionada por el Congreso Nacional esa madrugada, luego de largos años de movilizaciones y expresiones en apoyo. La implementación de esta normativa significó un avance considerable al conquistar un nuevo derecho, demandado por miles de mujeres y diversidades en todo el país, contando con un gran apoyo a nivel internacional.
Según detalló la ministra de la Nación, Carla Vizzotti, entre enero y septiembre de 2022 las provincias informaron 59.267 interrupciones en condiciones seguras en el sistema público de salud, y 73.487 en 2021.
En el caso de la Educación Sexual Integral (ESI), es un derecho de niños, niñas y adolescentes, que obliga al Estado nacional y a los Estados provinciales a que garanticen su acceso. La ESI se encuentra establecida en la Ley nacional N° 26.150, sancionada en 2006, constituyendo un espacio sistemático de enseñanza y aprendizaje que promueve saberes y habilidades para la toma de decisiones responsables y críticas en relación al cuidado del propio cuerpo, las relaciones interpersonales, la información y la sexualidad.
La Educación Sexual Integral forma parte del proyecto educativo de la escuela y requiere de un trabajo articulado con los centros de salud, las familias y las organizaciones sociales.
Desde esta ley se propone un abordaje INTEGRAL de la Educación Sexual, lo cual genera ruptura con los abordajes reduccionistas que aún hoy mantienen su hegemonía en las aulas: el modelo biologicista, el modelo bio-médico, cuyos principales supuestos pasan por entender la sexualidad sólo desde el punto de vista reproductivo. A partir del año 2006 se propone que los niños, niñas y adolescentes, puedan formarse de manera armónica, equilibrada y permanente, en cuestiones ligadas a su salud sexual, el cuidado de su cuerpo, la salud en general y la igualdad de trato entre mujeres y varones.
El candidato presidencial de la Libertad Avanza, Javier Milei, se pronunció al respecto de la Interrupción Voluntaria del Embarazo, afirmando que “no es un derecho ganado” y que basa su posición “en una cuestión filosófica, biológica y matemática”, también indicó que en el caso de ganar las elecciones presidenciales haría un plebiscito, y si la mayoría vota “en contra” de la interrupción del embarazo, eliminará la ley.
Hace unos meses atrás, Milei también se expresó sobre la Educación Sexual Integral (ESI), diciendo que esta “es parte de la agenda postmarxista, y es parte de esa agenda que tiene que ver con la destrucción del núcleo social más importante dentro de la sociedad, que es la familiar”.
Sin embargo, los datos de la realidad muestran indicios muy diferentes:
Por un lado, desde Amnistía Internacional, afirman que: “Impedir a las mujeres y las niñas el acceso al aborto no hace que dejen de necesitarlo. Es por ello que los intentos de prohibir o restringir el aborto no consiguen reducir el número de abortos; lo que hacen es obligar a las personas a someterse a abortos inseguros”.
“Tenemos una ley que se consiguió durante la pandemia gracias a la lucha de los movimientos feministas en las calles y también gracias a la voluntad política de este Gobierno. Es una ley muy importante para la Argentina y para la región, que es modelo a nivel mundial”, dijo Vizzotti en diciembre pasado con respecto al Aborto Legal, y continuó, “detrás de los números hay personas que accedieron a un derecho, y hay personas que trabajaron para que se pueda acceder a esos derechos”.
En relación a la importancia de la ESI, el rechazo de Javier Milei recae en adjudicar al Programa, una especie de imposición ideológica. Y desde su espacio defendieron delegar esta función educativa a las familias, siendo que de acuerdo a estadísticas oficiales, el 80% de los casos de maltrato y abuso hacia niñas, niños y adolescentes (NNyA) se llevan a cabo en contextos intrafamiliares o ámbitos de cercanía. Por lo cual, contar con una respuesta del Estado para contener e impulsar a un desarrollo más sano de los sectores vulnerables y en crecimiento, es indispensable para asegurarles un bienestar en el presente y en el futuro.
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Es necesario establecer acuerdos básicos y transversales para garantizar la aplicación y el cumplimiento de los derechos más valorados por el más amplio conjunto social. Una contienda electoral no debe ser el argumento que desvalorice la importancia de estas conquistas, y es necesario pronunciarse al respecto para que todo el camino recorrido valga la pena. Defender derechos, es defender el futuro.
