La actual crisis ecológica exige una fuerte transformación participativa que profundice y amplíe el proceso democrático.
El derecho a un ambiente sano comenzó a ser reconocido por el Derecho Internacional, a partir del año 1972, a través de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente que expresó que “el hombre tiene el derecho fundamental a la libertad, la igualdad y el disfrute de condiciones de vida adecuadas en un medio de calidad tal que le permita llevar una vida digna y gozar de bienestar, y tiene la solemne obligación de proteger y mejorar el medio para las generaciones presentes y futuras”. Desde esta pronunciación, comenzó a extenderse la tendencia de consagración de este derecho en el plano nacional.
Así fue que en la reforma constitucional del año 1994, se incorporó en el capítulo “nuevos derechos y garantías”, como un derecho fundamental para todos los y las habitantes de nuestro país como lo describe el artículo 41 de la actual Constitución Nacional:
“Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo. El daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer, según lo establezca la ley. Las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a la utilización racional de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica, y a la información y educación ambientales. Corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección, y a las provincias, las necesarias para complementarlas, sin que aquéllas alteren las jurisdicciones locales. Se prohíbe el ingreso al territorio nacional de residuos actuales o potencialmente peligrosos, y de los radiactivos”.
Argentina cumple 40 años de democracia ininterrumpida, lo cual es muy importante para consolidar un modelo de país teniendo la libertad y la justicia como puntos de partida. Sin embargo, a las crisis económicas y los niveles de desigualdad, se le sumó el agravante de no poder contar -hasta el momento- con un ambiente sano, equilibrado y apto para el desarrollo humano. En este caso, la evidencia científica demuestra que las actividades del ser humano han causado el aumento de la temperatura en la tierra, afectando la calidad de vida sobre todo de aquellas personas que se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad.
Nuestro país durante los últimos años, ha sido escenario de diferentes problemáticas ambientales: inundaciones, sequías extremas, prolongadas olas de calor e incendios. El 2023, fue registrado como el año más caluroso en décadas, y en 2022 la sequía extrema en Argentina afectó a la producción agropecuaria y causó una caída del 3% del PBI, con pérdidas que se aproximaron a los 25 mil millones de dólares.
Año tras año, surge con más urgencia poder diseñar e implementar políticas públicas que protejan el ambiente, el desarrollo sostenible y que mejore la calidad de vida de las personas. La comunidad internacional articula esfuerzos constantemente e impulsa agendas transnacionales para concretarlo.
Un avance en esta materia es el Acuerdo de Escazú, que representa una oportunidad valiosa e inédita para la región no sólo para el fortalecimiento de la democracia, los derechos humanos y la protección ambiental sino también para el cumplimiento de la agenda global más importante de nuestro tiempo: el desarrollo sostenible. “La democracia ambiental se sustenta en tres derechos relacionados entre sí e interdependientes: el derecho a acceder de manera efectiva y oportuna a la información ambiental, el derecho a participar en la toma de decisiones que afecten al medio ambiente y el derecho a acceder a la justicia para asegurar el cumplimiento de las leyes ambientales o la compensación por daños ambientales”, detalla en uno de sus capítulos.
Hace algunos días, desde la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) presentaron cinco propuestas para superar la crisis ambiental:
➜ Impulsar una transición energética justa y popular
➜ Implementar una estrategia de adaptación y mitigación al cambio climático y descarbonización de largo plazo
➜ Frenar los desmontes y financiar la Ley de Bosque
➜ Proteger los Humedales
➜ Sostener e impulsar el saneamiento del Riachuelo
Estos puntos establecen la necesidad de que se fortalezcan las políticas públicas que sostengan la institucionalidad ambiental, para trabajar de manera coordinada entre la Nación, las provincias, el sector privado y la sociedad para no perder lo alcanzado y avanzar hacia el cumplimiento de las normativas ambientales que doten de recursos a los planes y estrategias que transformen el modelo de productividad. A su vez, poder refutar de manera virtuosa a aquellos discursos negacionistas del cambio climático.
Una ardua tarea parlamentaria será fundamental en este proceso para poder consolidar un acuerdo socioambiental que incluya entre sus proyectos prioritarios la incorporación de los delitos ambientales en el Código Penal, la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental y Evaluación Ambiental Estratégica, la Ley de Ordenamiento Ambiental del Territorio, la Ley de Diversidad Biológica, Ley de Plásticos que regule firmemente los plásticos de un solo uso, la Ley de Gestión de Envases y Responsabilidad Extendida del Productor, y también, la Ley de Trazabilidad de la Pesca, entre otras medidas avaladas por amplios sectores dentro de la sociedad, y que deben ganar “transversalidad” más allá del gobierno de turno.
Todas estas normativas deben funcionar con el fin de proteger y promover el desarrollo integral del ambiente, porque como bien describe el papa Francisco en su encíclica Laudato SI’ del año 2013: “No hay dos crisis separadas, una ambiental y otra social, sino una sola y compleja crisis socio-ambiental. Las líneas para la solución requieren una aproximación integral para combatir la pobreza, para devolver la dignidad a los excluidos y simultáneamente para cuidar la naturaleza”.
El futuro de nuestra casa común exige la recomposición de los lazos entre las personas y la naturaleza para la formación de una nueva clase ecológica que proponga criterios de habitabilidad como cuestión urgente e importante a la vez, poniéndose por encima del horizonte de la productividad y abrazando la oportunidad de ser protagonistas de una revolución mental para un planeta más sano y próspero, fortaleciendo el proceso democrático y la participación de la sociedad en su conjunto.
