El Gobierno Nacional reglamentó la Ley 27.709, conocida como la Ley Lucio, que consiste en la creación del Plan Federal de Capacitación sobre Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de carácter continuo, permanente y obligatorio para los tres poderes del Estado.
El gobierno argentino reglamentó la Ley 27.709, conocida como la Ley Lucio, que fue aprobada por el congreso y tiene su origen en la muerte de Lucio Dupuy, un nene de 5 años que en noviembre de 2021 falleció producto de los reiterados hechos de violencia protagonizados por su madre y la pareja de la madre, quienes fueron condenadas a prisión perpetua. El proyecto fue aprobado y convertido en ley, el 13 de abril de este año, por la Cámara de Senadores por unanimidad.
Esta normativa impulsó la creación del Plan Federal de Capacitación sobre Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, destinado a las diferentes áreas y dependencias del Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial.
La reglamentación se informó en el día de hoy a través del Boletín Oficial, en el decreto 360/23 firmado por el presidente Alberto Fernández, Agustín Rossi y Victoria Tolosa Paz, jefe de Gabinete y ministra de Desarrollo Social, respectivamente. En este sentido, la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF), cuenta con el plazo de 90 días para elaborar un curso de formación inicial para la promoción del buen trato, prevención y detección temprana de la violencia contra niños, niñas y adolescentes. También se busca que brinde herramientas para asesoramiento, abordaje y denuncia de situaciones de violencia. Este trabajo será realizado en conjunto con el Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia (COFENAF).
También pueden recibir esta formación, aquellas personas que se desarrollen en las administraciones provinciales, municipales y de organizaciones sociales, deportivas, recreativas y culturales, en consonancia con la autoridad de la aplicación de la ley.
Las capacitaciones obligatorias constituyen el punto central de esta nueva legislación, haciendo foco en la importancia de la instrucción, y en el caso de su omisión, se considerará como una falta grave.
Los criterios de actuación deberán estar unificados para poder hacer más eficiente la aplicación de la normativa, dándole importancia a su vez, a la creación de un protocolo que sirva de base para la acción de las fuerzas de seguridad, organismos de la niñez y la justicia con competencia en los procesos de familia.
Entre las disposiciones se establece que el Estado deberá realizar campañas de concientización cada seis meses, para brindar herramientas que ayuden a detectar y prevenir el maltrato y violencia contra niños, niñas y adolescentes, como también, la implementación de la Línea 102 en todo el país para promover los derechos de las infancias y la atención gratuita. La ley incorpora la reserva de identidad, para proteger a las personas que al conocer una situación de maltrato infantil decidan denunciar.
La SENAF, como autoridad de aplicación, tendrá la función de brindar acceso público y difundir en qué grado se está cumpliendo esta ley, otorgando indicadores cuantitativos, cualitativos, estadísticas y evaluaciones del impacto de las capacitaciones realizadas.
La responsabilidad de quienes toman las decisiones, en conjunto con la sensibilidad y participación de la comunidad, podrán evitar el avance del maltrato infantil y establecer la prevalencia de infancias más sanas y felices.
