El pasado 15 de junio se aprobó la reforma constitucional en la provincia de Jujuy. En una sesión apresurada, sin mediar la consulta libre y a espaldas de los intereses del pueblo, la propuesta del gobernador Gerardo Morales, se estableció en la normativa provincial. A la prohibición y criminalización de la protesta, se le suman artículos en desmedro de los pueblos ancestrales, dejando sus derechos básicos y la soberanía de los recursos naturales, en estado de vulnerabilidad.
Los pueblos originarios que habitan el territorio que hoy se conoce como Jujuy, se oponen a la reforma constitucional. No solamente porque no contó con una consulta previa, libre e informada que establece el Convenio 169 de la OIT, sino también, porque se modificó el artículo 36, que se refiere al derecho a la propiedad privada.
La reforma habla de arbitrar “mecanismos y vías rápidas y expeditivas que protejan la propiedad privada y restablezcan cualquier alteración en la posesión, uso y goce de los bienes a favor de su titular”, y que se determinarán, “las condiciones para el desalojo y para que el o los titulares del derecho de propiedad afectado estén en condiciones de ejercer los derechos que les asisten de manera inmediata, aun cuando los autores de la ocupación no consentida se atribuyan la representación o los derechos del pueblo”. Esta medida, incorporada en la nueva constitución, atenta contra los habitantes originarios, que tienen la ocupación ancestral de las tierras pero muchos de ellos no cuentan con títulos de propiedad.
Consumada la reforma constitucional, las manifestaciones fueron creciendo en el territorio jujeño, y la respuesta por parte del gobierno provincial, fue la de avanzar con una contundente represión policial contra pueblos originarios, docentes y organizaciones sociales que salieron a las calles para manifestar.
Los colectivos indígenas, docentes y comunidades de la región anunciaron un ‘corte definitivo’, para reafirmar su lucha contra la reforma constitucional. “La asamblea del Tercer Malón de la Paz, todos los gauchos y todas las personas que se encuentran en el corte de Purmamarca nos solidarizamos con nuestros hermanos docentes, con el SEOM (Sindicato de Empleados y Obreros Municipales de Jujuy) y con todas las personas de todos los gremios que están ahora, en este mismo momento, siendo reprimidos brutalmente en San Salvador. Los apoyamos y los esperamos que vengan todos para acá, porque acá vamos a resistir”, expresan desde los sectores que enfrentan a este accionar que busca cercenar sus derechos y garantías constitucionales.
Las comunidades indígenas resisten ante el avance de un modelo económico y político basado en las prácticas extractivistas sobre los recursos naturales y la expansión de los intereses privados en los territorios ancestrales. El acceso al agua para la obtención de litio, resulta el principal atractivo para los intereses privados en capitulación con las empresas trasnacionales, pero para los pueblos originarios, la riqueza de la tierra debe ser defendida con profunda dignidad, y es así, que el grito de los hombres y las mujeres indígenas resuena en cada vez más partes del país: “abajo la reforma, arriba las Whipalas”.
Todo un país está haciendo escuchar su rechazo a la reforma constitucional y a la violencia estatal; todo un país está haciendo escuchar su inquebrantable apoyo al pueblo jujeño y a las comunidades indígenas.
