“Construir otra economía para ampliar derechos y fortalecer la democracia” fue el lema que acompañó las jornadas del 8 y 9 de junio en el 3er Congreso Nacional de Economía Social y Solidaria.
El mismo tuvo lugar en la sede de Tandil de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (UNICEN) y fue organizado por la Red Universitaria de Economía Social Solidaria (RUESS). Contó con la participación de 500 referentes y emprendedores/as tanto nacionales como de otros países.
El congreso forma parte de una larga historia de iniciativas impulsadas por parte de las Universidades Nacionales que se vinculan con lo académico-territorial en el campo de la economía popular, social y solidaria. Su objetivo es convocar a la reflexión crítica, el intercambio de experiencias y la generación de propuestas de cara a la realidad social, política y económica.
Entre sus principales actividades se encontró la firma del Convenio de cooperación entre la Red de Municipios Cooperativos de la Confederación de Cooperativas de Argentina (Cooperar) y se anunció la realización del 4to Congreso de ESS en 2025. Además, durante ambos días tuvo lugar una feria de productos cooperativos, se realizaron 16 actividades especiales y se llevó adelante la presentación de 300 trabajos.
También se elaboraron dos comunicados de gran importancia. Por un lado plantearon la adhesión de la RUESS a la preocupación transmitida por cooperativas, federaciones y confederaciones en referencia a la disposición 88/23 de la Subsecretaría de la PyME, que definió el ánimo de lucro como condición necesaria para ser empresa, excluyendo a las cooperativas de los beneficios de las políticas públicas dirigidas a MiPymes.
La resolución de la Subsecretaría de la Pequeña y Mediana Empresa del Ministerio de Economía finalmente fue suspendida pero aún no derogada. El planteo principal de los reclamos se relacionaba con que era una medida discriminatoria para las cooperativas ya que no las consideraba como empresas y que generaba un prejuicio contra el ecosistema cooperativista lo que dificulta profundamente sus tareas.
Por otro lado, un segundo comunicado formalizó el apoyo a la cooperativa La Litoraleña en relación a las amenazas de desalojo. Esta es una experiencia de trabajadores/as que recuperaron la empresa con organización popular luego de la quiebra de Deconti SA en el 2016.
Hoy se encuentran enfrentando un fallo de desalojo judicial que alcanzaría a 50 puestos de trabajo y que los afectados sostienen que cuenta con una carga clasista, xenófoba y racista. Sin embargo, La Litoreña no está dispuesta a rendirse y continuará luchando por un sistema económico y judicial que no entienda a las cooperativas como emprendimientos precarios.
De la mano de todas estas actividades, el Congreso fue espacio de reflexiones, encuentro y formación para la Economía Social y Solidaria, una pata fundamental en la organización popular en tiempos de crisis económica.
