A 10 años de la ley que empoderó al movimiento estudiantil

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El 3 de julio de 2013 se sancionó la Ley 26.877, más conocida como la Ley de Centros de Estudiantes. La misma ampara en el marco legal la organización estudiantil que ya contaba con una larga trayectoria, dando al movimiento una regulación sobre la creación y el funcionamiento de los Centros de Estudiantes del país. 

El primer artículo de la ley establece que “las autoridades jurisdiccionales y las instituciones educativas públicas de nivel secundario, los institutos de educación superior e instituciones de modalidad de adultos incluyendo formación profesional de gestión estatal y privada, gestión cooperativa y gestión social, deben reconocer los centros de estudiantes como órganos democráticos de representación estudiantil” pero… ¿Qué es un centro de estudiantes?

Un centro de estudiantes es, como dice el artículo, un órgano de representación de los y las estudiantes. Es decir, que es una herramienta de organización que tiene como objetivo defender los derechos de sus representados/as y fomentar la participación tanto dentro como fuera de la institución. 

Si bien la conducción de los centros puede ser asumida por distintos grupos, partidos o asociaciones estudiantiles, el centro en sí mismo no pertenece a sus “autoridades” de turno sino a todos/as quienes estudien en la institución. 

En cuanto a su organización interna, debe contar con un estatuto que establezca sus objetivos, funciones, forma de votación, su conformación y otras cuestiones que le dan el carácter formal. 

Los centros de estudiantes son un espacio profundamente político ya que comprende una agrupación y organización entre pares, permite el ejercicio de la democracia y fomenta la formación ciudadana. 

La ley también establece una serie de principios generales:

 Fomentar la formación de los estudiantes en los principios y prácticas democráticas, republicanas y federales, así como en el conocimiento y la defensa de los derechos humanos.
 Afianzar el derecho de todos los estudiantes a la libre expresión de sus ideas dentro del pluralismo que garantizan la Constitución Nacional y las leyes.
 Defender y asegurar el cumplimiento y pleno ejercicio de los derechos estudiantiles.
 Contribuir al cumplimiento de las garantías vinculadas al derecho de aprender y al reconocimiento de la educación como bien público y derecho social.
 Colaborar con la inserción de los estudiantes en su ámbito social orientada al desarrollo de acciones en beneficio del conjunto de la comunidad.
 Contribuir al mejoramiento de la calidad de la educación y al logro de un clima institucional democrático que permita el mejor desarrollo de las actividades educativas.
 Promover la participación activa y responsable del alumnado en la problemática educativa.
 Gestionar ante las autoridades las demandas y necesidades de sus representados.
 Proponer y gestionar actividades tendientes a favorecer el ingreso, la permanencia y el egreso de sus representados.

En Argentina en particular, la Ley de Centros de Estudiantes es fundamental ya que sustenta la idea de la juventud como sujeto político, con la capacidad de involucrarse en su realidad y la del país. La misma se complementa con otras como la Ley de Voto Joven (N° 26.774) que le brinda a personas de 16 y 17 años el derecho a elegir a sus representantes. 

Entender el paso por la educación formal como una oportunidad para luchar por objetivos comunes, fortalecer vínculos entre pares y ejercer derechos de voz y voto son una significativa experiencia democrática. 

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