El 3 de junio de 2015 un hecho atravesaría la historia de nuestro país: la aparición del movimiento Ni Una Menos, el cual marcaría un antes y un después, abriendo el camino a un cambio cultural y social, con un constante y creciente reclamo contra la violencia de género y los femicidios.
Chiara Páez, una joven de 14 años que estaba embarazada, fue asesinada por su novio Manuel Mansilla en la provincia de Santa Fe. Este acontecimiento, según muchas referentes del movimiento, fue el detonante que le dió lugar a la expresión masiva en las calles.
Justamente, fueron las calles el escenario constitutivo de este movimiento que se forjó como espacio de contención y reflexión sobre los derechos vulnerados de millones de mujeres. El avance cultural fue inmediato: lejos de quedarse en junio de 2015, año tras año tomó mayor fuerza, estableciéndose en la agenda pública.
El movimiento de Ni Una Menos impulsó los reclamos que se convertirían en políticas públicas, institucionalizando gran parte de las demandas necesarias para asistir a los sectores de la sociedad afectados, para tener un piso de derechos: contar con presupuesto para la implementación de la ley de protección contra la violencia de género, estadísticas sobre femicidios, acceso a la justicia, apertura de oficinas de violencia doméstica en las provincias, garantías de protección a las víctimas de violencia, entre otras.
Se lograron avances en los órganos del estado como la Ley 27.499, conocida como Ley Micaela. Esta normativa, establece la capacitación obligatoria en género y violencia de género para todas las personas que se desempeñan en la función pública, en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación. Su nombre, es en homenaje a Micaela Garcia, una jóven de 21 años que fue víctima de femicidio.
También, se sancionó la Ley 27.452, conocida como Ley Brisa, que establece un régimen de reparación económica para hijos/as de víctimas de femicidios, equivalente a una jubilación mínima y compatible con las demás prestaciones que reciban los niños, niñas y adolescentes. Además, garantiza la cobertura integral de salud. Esta Ley, surgió a partir del femicidio de Daiana Barrionuevo, y el nombre coincide con el de su hija.
A su vez, se destaca el Programa Acompañar, que tiene como objetivo poder asistir a las mujeres y personas de la comunidad LGBTIQ+ que sufren situaciones de violencia por razones de género. Incluye una asignación económica que equivale al Salario Mínimo, Vital y Móvil durante seis meses, y acompañamiento de carácter psicosocial.
En el siguiente cuadro, podemos ver las características de los tipos y modalidades de violencia de género referidas por las personas que integran el programa.
Por otra parte, el Programa Acercar Derechos, lanzado en junio de 2021, asistió a más de 21 mil mujeres y personas LGBTI+ en todo el país. “El PAD fue pensado de la periferia al centro y desde los territorios a los escritorios. Es el reflejo de una gestión que piensa con perspectiva de género y diversidad y con enfoque federal; una gestión que funciona a partir de la articulación entre distintos ministerios y los tres niveles del Estado”, afirmó Ayelén Mazzina, ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación.
Entre las acciones del Programa Acercar Derechos, prevalecen las de brindar acompañamiento psicosocial a mujeres y LGBTI+ que se encuentren en situación de violencia de género, acompañarlas en la realización de trámites y gestiones para acceder al ejercicio de sus derechos y facilitar el acceso a distintos programas y políticas del Estado Nacional y de los Estados Provinciales.
Si bien el Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina representa un punto importante para elaborar diagnósticos, todavía hacen falta políticas que favorezcan el acompañamiento de quienes sufren violencia de género, puntualmente a la hora de denunciar los hechos y el lapso que transcurre durante la investigación penal.
Hoy, a 8 años del primer Ni Una Menos, es imprescindible fortalecer el compromiso de toda la sociedad con vistas a establecer un avance organizado entre las diferentes instituciones, trabajando de manera articulada para el diseño de políticas públicas tendientes a generar cambios positivos que brinden herramientas de prevención y acompañamiento para los casos de violencia de género. La igualdad de oportunidades, una justicia con perspectiva de género y una sociedad con más derechos, pueden ser los puntos esenciales para saldar las deudas históricas con este movimiento que es un ejemplo de la lucha colectiva.
