En la Provincia de Buenos Aires se está llevando adelante una medida en la que víctimas de violencia de género tendrán la posibilidad de no pagar las facturas de luz. La misma se enmarca en la responsabilidad del Estado por reducir la brecha de género para mujeres y diversidades.
El beneficio está pautado durante seis meses (sumando una posibilidad de prórroga de igual plazo por única vez) para los casos que se encuentren en una situación de violencia o en proceso de salida de la misma, y que estén registrados en el sistema de Registro Único de Casos de Violencia de Género (RUC).
Impulsada por el Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual y la Subsecretaría de Energía del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires, lo que se brinda específicamente es la bonificación de hasta el 100% sobre la facturación del servicio público de energía eléctrica.
Se realizó un acuerdo con las empresas distribuidoras, entre ellas Edenor y Edesur, así como también con las cooperativas que trabajan en la provincia. Se estima que en los próximos días se encontrará todo en regla con el Ente Nacional de Regulación de la Electricidad (ENRE) y se estableció que en las facturas se indicará una leyenda que establece “BONIFICACIÓN RESOLUCIÓN CONJUNTA N° 5/2023”.
¿Por qué esta medida tan específica vinculada a un servicio?
Estela Díaz, ministra de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia, lo explica en diálogo con Página 12: «El abordaje de los casos donde hay violencia de género necesita ser integral e interjurisdiccional, porque son muchas las problemáticas se reúnen. Muchas veces las víctimas se deben mudar, o quedarse en sus casas, pero sin un sustento económico, por lo que todo aquello que apoye la autonomía económica, como en este caso la tarifa de electricidad, es muy importante».
En esta línea, resulta pertinente resaltar que quien reciba el beneficio no necesariamente debe ser el/la titular del servicio o medidor, sino que se debe realizar una declaración que dé cuenta de que la víctima vive en el domicilio de la factura con la que se acerca a iniciar el trámite. Únicamente deberán dirigirse al área de género de su municipio y presentar la factura de electricidad.
El año pasado fue firmado un convenio entre la ministra y la Subsecretaría de Energía, dirigida por Gastón Ghioni. El objetivo del trabajo en conjunto enmarcado en la Ley Micaela fue «sensibilizar en torno la discriminación, de ver cómo pensamos la gestión con una mirada inclusiva y qué políticas pueden impulsarse y generen prácticas que transformen», expresó Díaz. A partir de ahí nace la iniciativa en conjunto bajo la premisa «la energía es un derecho».
Profundamente relacionado con este fundamento, la ministra contó que actualmente se están realizando negociaciones con las empresas telefónicas para que la aplicación que vincula los botones anti pánico con la línea 911, no consuma datos de los planes de abono de celulares. La idea es evitar la imposibilidad de su uso por falta de recursos, entendiendo que, como la energía, es un derecho que debe ser garantizado.
