Los embarazos adolescentes disminuyeron un 57% desde 2005, y es el séptimo año consecutivo en el que se ve un marcado descenso influenciado por la implementación del Plan ENIA, la Educación Sexual Integral y la Interrupción Voluntaria del Embarazo, entre las causales más relevantes.
La tasa de fecundidad adolescente en nuestro país, pasó de 15,4 por mil mujeres de 10 a 19 años en 2020, a 13,7 por mil en 2021, representando un descenso de 1,7 puntos de un año a otro, según detalla el informe de ‘Natalidad y mortalidad infantil de 2021’, publicado por el Ministerio de Salud de la Nación.
Disminución de embarazos adolescentes y la confluencia de factores
Si bien la tasa de natalidad en términos generales se mantuvo en cifras similares en el mencionado periodo a nivel nacional, la implementación estratégica de políticas públicas de prevención del embarazo no deseado en la adolescencia y el acceso a anticonceptivos gratuitos de larga duración, reforzó el descenso de la tasa de fecundidad adolescente.
De cada mil jóvenes de entre 10 y 19 años, 14 fueron quienes gestaron, de acuerdo al Centro de estudio de Estado y Sociedad (CEDES). Silvina Ramos, investigadora de este Centro, destaca al implante subdérmico entre los métodos anticonceptivos gratuitos que se sumaron a la canasta correspondiente desde 2014, siendo este un anticonceptivo que se aplica debajo de la piel y tiene una duración de cuatro años. Dentro del grupo de los anticonceptivos de larga duración, también demostró resultados eficientes el Dispositivo Intrauterino (DIU). La aparición y el uso del medicamento Misoprostol, es utilizado comúnmente en el proceso de la Interrupción Voluntaria del Embarazo, lo cual se constituye como otro de los motivos que explican la disminución en la cantidad de embarazos adolescentes.
La Educación Sexual Integral, también forma parte de los factores importantes. La introducción de este programa en los diferentes niveles del desarrollo educativo repercute en la cantidad de embarazos adolescentes ya que gran parte del foco se hace sobre la no intencionalidad. Las mujeres adolescentes proveídas de información y métodos anticonceptivos, pueden explorar su sexualidad corriendo menos probabilidades de que se produzca un embarazo no deseado.
Mientras tanto, el Plan ENIA que se mantiene vigente desde el 2017, forma parte de esta planificación integral: “El plan ENIA debería sostenerse y ampliarse a otras provincias porque tiene muchas fortalezas en sus intervenciones. Pero lo más importante, además de sostener las políticas públicas y ser más vigilantes para conocer si su implementación es la apropiada, hay que observar las desigualdades que hay en la Argentina porque muchas de esas políticas se definen a nivel central, pero se implementa a nivel local”, explica Ramos.
Transformaciones culturales que construyen el futuro
Los cambios que se visibilizan en los últimos años, no solo se explican desde los significativos avances en el acceso a derechos sexuales y reproductivos, sino también, se ajusta a las aspiraciones de gran parte de las mujeres jóvenes en lo que respecta a su desarrollo académico y laboral. Estas situaciones se reflejan en los casos donde la responsabilidad de cuidar hijos recae en mujeres adolescentes, perjudicando a la inserción laboral como jóvenes y creando pisos pegajosos que condicionan su desenvolvimiento en la sociedad.
Desde el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC), el economista y demógrafo Rafael Rofman, afirma que “es probable que esto se deba a cambios culturales y que haya más mujeres conscientes sobre su decisión y más empoderadas para tomarlas; es decir, más mujeres preocupadas por decidir cuántos hijos tener y cuándo”, y agrega,“también es probable que lo que vemos como una baja de la fecundidad sea que las mujeres están postergando la maternidad. Hoy se ve una ligera alza en las mujeres mayores de 30 años; en el futuro se podrá comprobar si esto es así”.
En este sentido, advierten que el descenso en la fecundidad es una tendencia a nivel regional, pero nuestro país comenzó esta transición antes que otros países de Latinoamérica, tomando el 2014 como punto de inflexión para la lógica que se mantuvo y acentuó en el tiempo.
La Ley 25.673 sancionada el 31 de octubre de 2002 reconoció la salud sexual y reproductiva como derecho de la población y convirtió en responsabilidad del Estado el desarrollo de políticas públicas para garantizar el nivel más elevado de salud sexual y reproductiva, prevenir embarazos no intencionales, promover la salud sexual y reproductiva en la adolescencia, asegurar el acceso a información y a métodos anticonceptivos, entre otros objetivos.
El resultado de estas políticas públicas demuestra la eficacia de proyectar con vistas al mediano y largo plazo, y su realización, dependerá del compromiso y el consenso que se genere entre los diferentes sectores del más amplio arco político. Promover estos avances, es una oportunidad para que miles de personas cuenten con la libertad para decidir sobre sus propias vidas.
